Diagnóstico; Objetivos y criterios de la ordenación
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ISLA; PREVISIONES DE EVOLUCIÓN
La ausencia de gobierno del territorio
Una de las principales disfuncionalidades del modelo territorial vigente es la carencia de una línea eficaz de gobierno del territorio. En
efecto, la concentración de actividades e intervenciones en un medio limitado pone de manifiesto la complejidad y descoordinación del
marco competencial vigente, en que cada una de las administraciones actúa en el ámbito de sus competencias de un modo
completamente autónomo; esta forma de funcionar, que en territorios de gran dimensión y sometido a tensiones difusas puede ser poco
relevante, tiene efectos dramáticos en un territorio tan limitado, tensionado y frágil como el tinerfeño.
La insularidad multiplica los efectos de la limitación de recursos territoriales y limita las posibilidades de absorber o corregir errores;
cada actuación que se realiza está cerrando la posibilidad de realizar otras actuaciones o aprovechamientos. Si bien en la teoría existe
una multitud de instrumentos destinados a racionalizar desde los objetivos de interés público los actos con incidencia sobre el
territorio, su empleo de forma autónoma, por distintos agentes y administraciones sin que existan unas reglas de juego que establezcan
relaciones entre ellas para conseguir unos fines comunes, impide conseguir tan deseables objetivos.
Ante esta situación, ningún sentido tendría que el PIOT estableciese un modelo de ordenación, si no se consigue una actuación
coordinada de las administraciones hacia la consecución de los objetivos de ordenación que fije.
En efecto, la escasa aplicación de la normativa vigente afecta a la práctica totalidad de los sectores de actividad, buena parte de la
administración y, en líneas generales, un porcentaje significativo de la población insular. Factores como la ausencia de conciencia
ambiental, la desinformación o la falta de control administrativo, favorecen la persistencia del problema. La normativa y las
competencias se encuentran dispersas y se aplican, en general de un modo descoordinado y muy poco eficaz.
No sólo se echa en falta la presión administrativa necesaria para hacer cumplir las distintas normativas, sino que es la propia
administración (central, autonómica y local) la primera en incumplirlas en muchos casos. Esto tiene mucho que ver con la
extraordinaria complejidad del marco normativo vigente, y con la ausencia de cauces que permitan una toma coordinada de decisiones
a través de la integración de procedimientos normativos. Los procedimientos se convierten de este modo en trámites formales, que no
permiten entrar en el fondo de los asuntos o proyectos analizados. Como ejemplo, aunque Canarias cuenta con una de las normativas
más avanzadas en materia de prevención del impacto ecológico, aún no se aprecia una incorporación de los aspectos ambientales en las
fases iniciales de los proyectos. Así, las declaraciones de impacto ecológico y ambiental no pasan de ser, en demasiadas ocasiones,
más que un trámite burocrático que encarece el coste de los proyectos. |
